En un juicio que captó la atención de la comunidad local, el exjefe de la Zona VIII de la Dirección Provincial de Vialidad en Vera, Luis Alberto Tallarico, fue condenado como autor de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Con 65 años, Tallarico recibió una pena de un año y dos meses de prisión condicional, y fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por un periodo de dos años y cuatro meses. La sentencia, dictada por el juez Sergio Olivera, concluyó un juicio oral que tuvo lugar en los tribunales de Vera.
El fiscal Sebastián Marichal, representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en el juicio, detalló las múltiples irregularidades administrativas que ocurrieron bajo la gestión de Tallarico, entre 2014 y 2018. Estas irregularidades estuvieron relacionadas con compras fraudulentas y manejo indebido de fondos públicos dentro de la Dirección Provincial de Vialidad, afectando la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública.
Los hechos: compras irregulares y control laxo
La investigación contra Luis Alberto Tallarico se inició en 2016, cuando una auditoría interna de la Dirección Provincial de Vialidad detectó una serie de irregularidades en los procedimientos de adquisición de bienes para la Zona VIII. Según explicó el fiscal Marichal durante el juicio, el exjefe de la repartición pública permitió que el personal encargado de las compras operara con total libertad, sin respetar la normativa establecida para la administración de recursos estatales. Las transacciones se realizaban sin controles efectivos, en comercios locales y de otras localidades de la provincia.
Entre las prácticas ilegales se destacó la omisión de firmas en los formularios de solicitud de compras, que eran acordadas verbalmente y desechadas una vez completadas las transacciones. “Estos procedimientos carentes de control permitieron una serie de compras irregulares, beneficiando a ciertos proveedores y afectando seriamente los recursos públicos”, detalló Marichal. Además, se verificó la emisión de facturas por montos superiores a los bienes adquiridos, así como pagos realizados mediante recibos informales o sin documentación alguna.
El fiscal también reveló que en 2016 la Dirección Provincial de Vialidad solicitó a Tallarico que adecuara los procedimientos de compras tras detectar estas irregularidades, sin embargo, un nuevo relevamiento en 2017 constató que las malas prácticas no solo continuaron, sino que se intensificaron.
Incumplimiento de los deberes de funcionario público: la mirada de expertos en derecho administrativo
La condena a Tallarico se basó en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, tipificado en el artículo 248 del Código Penal argentino. Esta figura penal sanciona a los funcionarios que incumplen con sus responsabilidades, ya sea por acciones u omisiones, poniendo en riesgo la correcta administración pública.
Fuente: SRF