RESUMEN: Tras el revés judicial que ratifica la condena al profesor de educación física Juan Trigatti, su entorno más cercano rompe el silencio. En una carta abierta cargada de dolor e impotencia, su esposa Fernanda Deluca reafirma la inocencia del docente y cuestiona un proceso judicial que, según denuncia, ha ignorado pruebas clave y el beneficio de la duda.
Se ha difundido una Carta Abierta dirigida a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia.
El documento, que cuenta con numerosas adhesiones, pone el foco en las contradicciones del proceso: un tribunal que escuchó a más de cien testigos absolvió a Trigatti por unanimidad, pero dicha sentencia fue revocada posteriormente sin nuevas pruebas directas. La familia y quienes apoyan al docente sostienen que se ha priorizado la presión externa por sobre la realidad de los hechos.
“No pedimos indulgencia. Pedimos que se revise si las garantías fueron plenamente respetadas”, dicta el texto que compartimos de forma íntegra a continuación:
CARTA ABIERTA A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
Santa Fe, 03 de marzo de 2026
Señores Ministros:
Quienes adherimos a esta carta somos ciudadanos que creemos en la democracia y en el valor de los derechos y garantías que consagran la Constitución Nacional y la de la Provincia de Santa Fe. Nos dirigimos a ustedes con respeto, conscientes de la responsabilidad que implica decidir cuando están en juego la libertad, el honor y el futuro de una persona.
En ese marco, expresamos nuestra preocupación por el recorrido de un proceso judicial que afecta la vida del profesor Juan Francisco Trigatti y su familia, pero que también interpela el funcionamiento mismo del sistema judicial santafesino.
El tribunal que tuvo contacto directo con la prueba —que escuchó a más de cien testigos y realizó una inspección del lugar de los hechos— absolvió por unanimidad a Trigatti, al considerar que no se habían acreditado los hechos atribuidos.
En esa misma sentencia se señalaron irregularidades relevantes en la investigación: la pérdida de grabaciones que podrían haber aportado claridad objetiva, entrevistas reiteradas a niñas en lapsos breves contrariando recomendaciones técnicas, oscura vinculación entre fiscales, profesionales y querellantes, demoras en la realización de Cámara Gesell, deficiencias en la preservación de prueba y la inclusión en la acusación de una niña que se comprobó nunca tuvo clases con el imputado.
Sin embargo, aquella absolución fue revocada sin que se realizara un nuevo juicio ni se produjera prueba directa adicional. La decisión adoptada en instancias posteriores modificó la valoración efectuada por el tribunal que tuvo contacto directo con la prueba.
Hoy la Corte tiene la responsabilidad institucional de determinar si se respetaron los estándares constitucionales. En una sociedad democrática, la fortaleza de la justicia no se mide por la cantidad de condenas, sino por la solidez de sus garantías. La presión externa —sea mediática o institucional— no puede sustituir la prueba.
Todo ciudadano tiene derecho a un juicio justo, a que se respeten sus garantías y a que su inocencia sea preservada mientras no se pruebe lo contrario.
Confiamos en que esa Corte ejercerá su función como último resguardo del orden constitucional.
No pedimos indulgencia. No pedimos privilegios. Pedimos que se revise si las garantías fueron plenamente respetadas.
Porque cuando las garantías se debilitan en un caso, el precedente alcanza a todos.