Una denuncia penal por maltrato infantil grave y reiterado ha puesto bajo la lupa a la Asociación Civil “Teresa Misionera de la Caridad”, la presentación judicial, formalizada el pasado 8 de mayo ante el Ministerio Público de la Acusación, apunta directamente contra Leandro José Barbona, quien preside dicha institución.
Sistemática de violencia y vulnerabilidad
La denuncia, presentada por la madre de un niño de 7 años con el patrocinio de los Dres. Sixto González, Yolanda Villanueva y Romina Marega, detalla un patrón sostenido de agresiones físicas y psicológicas, del cual seria victima el menor, quien posee un diagnóstico de retraso mental moderado y comenzó a manifestar signos de regresión conductual, trastornos del sueño y un profundo temor a asistir a la entidad, el relato indiciario incluye frases desgarradoras del niño, quien habría manifestado: “Mami, cuando me esperabas afuera y yo lloraba por ir con vos, el Leo me pegaba para que no llore”, estos hechos habrían ocurrido aprovechando la posición de autoridad y cuidado que el denunciado ejercía sobre el menor.
Medidas de protección urgentes
Ante la gravedad de los hechos, la querella ha solicitado la inmediata apertura de una investigación penal y la adopción de medidas de protección, tales como:
La prohibición de acercamiento del denunciado hacia la víctima.
La realización de una Cámara Gesell para que el niño pueda prestar testimonio en un ambiente seguro.
La intervención de los organismos provinciales de protección de la niñez.
Una deuda con la protección de los más vulnerables
Este caso trasciende la denuncia individual para poner en debate la seguridad en los espacios de cuidado institucional, cuando la violencia se ejerce sobre un niño con discapacidad, el daño no solo es físico, sino que quiebra la confianza fundamental en las instituciones que deben protegerlos y teniendo en cuenta que hubo casos en nuestra comunidad, donde hubo involucrados menores y la preocupación de las autoridades involucradas en la solución o esclarecimiento … solamente se preocupaban para que el tema no llegue a los medios de comunicación.
La justicia de Vera tiene ahora la responsabilidad de actuar con celeridad y perspectiva de niñez, no se trata solo de determinar responsabilidades penales, sino de enviar un mensaje claro: el maltrato nunca puede ser una herramienta de “corrección” ni quedar impune bajo el amparo de un cargo institucional. La protección de nuestros niños y niñas debe ser, siempre, la prioridad absoluta.