Los agentes Ariel Sena y Estefanía Oviedo fueron imputados por encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, acusados de advertir a presuntos vendedores de droga sobre allanamientos que se realizarían en Avellaneda.
Según la investigación del Ministerio Público de la Acusación, la información reservada sobre los operativos habría sido filtrada antes de los procedimientos, permitiendo a los sospechosos ocultar pruebas y dificultar el accionar de la Justicia.
La causa también incluye graves acusaciones sobre supuestas capturas de pantalla adulteradas que habrían sido utilizadas para intentar desviar la investigación e involucrar a otros efectivos policiales.
Durante la audiencia, los fiscales sostuvieron que existió una maniobra coordinada para revelar información confidencial vinculada a investigaciones por microtráfico. Además, señalaron que la pesquisa continúa abierta y no se descartan nuevas imputaciones.
El juez Mauricio Martelossi dictó prisión preventiva sin plazo para ambos acusados mientras avanza la investigación.
La causa es considerada uno de los hechos más delicados de los últimos años dentro de la estructura de la Policía de Investigaciones en el norte de Santa Fe.
Uno de los elementos que impulsó la investigación fue el testimonio de una vicedirectora de una escuela primaria de Avellaneda. Según se expuso en la audiencia, una alumna concurrió al establecimiento llevando estupefacientes y explicó que se los habían entregado en su domicilio porque “iba a haber allanamientos”.
A partir de ese dato, los investigadores lograron identificar a una primera agente sospechosa mediante el análisis de redes sociales. Posteriormente, durante el fin de semana, se realizaron pericias sobre sus teléfonos celulares.